La nueva esclavitud. La vieja miseria

Hace tan solo unos días, el jornalero Eleazar Blandón fue abandonado en un centro de salud tras sufrir horas antes un golpe de calor que le hizo perder la consciencia mientras trabajaba. Fue allí dónde falleció. Su caso ha alcanzado un mínimo eco mediático que evidencia lo que nuestros ojos presencian por décadas en diferentes partes del Estado español (Lleida, Murcia, Almeria, Huelva, etc.) y especialmente contra personas migradas: la nueva esclavitud y la vieja miseria.

Pero, ¿es algo que nos queda tan lejos o es algo que vivimos en nuestro campo aquí en Ciudad Real?

Son sabidas las crudas condiciones laborales del trabajo como jornalero por su eventualidad, exposición climática y exigencia física, a las que se añaden aquellas que dependen de los empleadores: salarios ínfimos que pueden llegar a 30€ por 10 horas, a los que restar en muchas ocasiones costes abusivos de transporte, comida y un precario alojamiento (si es que no deben refugiarse en chabolas o vivir en la calle); contratos de una precariedad extrema; altas en la seguridad social de la mitad de las horas realizadas; horas extra no pagadas como tales o incluso no remuneradas; trabajo a destajo con ritmos marcados por la maquinaria y no por la capacidad física, la cual se lleva al límite; salarios retrasados, rebajados o negados; una continua amenaza al despido; negación de derechos básicos como la asistencia sanitaria ante accidentes; ausencia de medios de protección; a lo que añadir la doble violencia sufrida por ser mujeres, con la posibilidad del abuso sexual como arma de poder contra ellas.

La mayoría de los temporeros son personas migradas cuya desesperación económica y legal, tanto propia como de sus familias, les empuja a aceptar estas deplorables condiciones. Por ello, su situación legal se vuelve un extra de dependencia y vulnerabilidad laboral del que sus jefes saben cómo sacar provecho. Si el campesinado ha sido exprimido, despreciado y minusvalorado históricamente, más aún ahora que se suma un racismo y xenofobia impune, tan presente en nuestra sociedad.

Las tan precarias condiciones de vida que se desprenden de este contexto laboral hacen que su salud se vea tremendamente expuesta. Al encontrarnos atravesando una pandemia, su enorme dependencia económica, la explotación sufrida, la imposibilidad de respetar las medidas de seguridad y la dificultad de acceso al agua y otros recursos básicos les expone muchísimo más a contagiarse (además de sufrir otras enfermedades o lesiones), siendo socialmente estigmatizados y señalados como propagadores y asignándoles una injusta responsabilidad de propagación del virus ante una salud publica que les excluye e invisibiliza.

Por otra parte, las principales asociaciones del sector agrícola, compuesta generalmente por los propietarios y por ello empleadores, tratan de negar esta realidad, indignándose por un incremento de inspecciones laborales en lugar de indignarse por la pérdida de la soberanía alimentaria, la dependencia del mercado internacional, el excesivo poder de las grandes plataformas alimenticias del país, las enormes diferencias de precios entre el producto inicial y de mercado y, sobre todo, ante las condiciones a las que otros colegas exponen a los trabajadores que emplean. Hacen de su problema el de otros, aprovechándose aún más de los más vulnerables: canibalismo gremial.

El gobierno, además, obvia una posible regularización de las personas en situación administrativa irregular, haciéndoles aún más indefensos ante posibles abusos patronales, por el miedo a las posibles consecuencias legales que les puede acarrear cualquier tipo de denuncia de abusos laborales. Las únicas medidas para fomentar el trabajo en el campo han consistido en ampliar el derecho a trabajar de personas extranjeras y en que la cotización no implicase la anulación de ciertas prestaciones económicas, pero no en mejorar sus condiciones o luchar contra la impunidad de los explotadores. Pero ya sabemos que no se deben pedir peras al olmo.

¿Qué nos hace pensar que todas estas circunstancias, que describen el panorama nacional agrícola, no se dan en una provincia como Ciudad Real, caracterizada por ser la agricultura su principal actividad económica? Localidades como Tomelloso, Bolaños o Socuéllamos son conocidas por sus grandes extensiones de campo y la necesidad de una numerosa mano de obra para recoger sus cosechas. El negar que aquí se están vulnerando los derechos de los trabajadores al igual que en el resto del país es muestra de una ignorancia voluntaria que pretende mirar a otro lado para evitar la responsabilidad social con quienes se están dejando la piel para que podamos tener algo que llevarnos a la boca.

Por todo ello, desde CNT Ciudad Real denunciamos las condiciones laborales deplorables y la vulneración de derechos humanos, la complicidad de gobierno y asociaciones de agricultores y la criminalización de ciertos medios y sectores políticos y sociales.