Cero en Conducta [página interior: “Objetores de conciencia en los centros de enseñanza” y “Objeción fiscal al gasto militar”]

CNT CERO EN CONDUCTA CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL TRABAJO BOLETÍN SINDICATO DE ENSEÑANZA Objetores de conciencia en los centros de enseñanza La objeción de conciencia ha ido en aumento en nuestro país. La juventud se está impregnando de valores como la solidaridad, el pacifismo, la defensa de la naturaleza, el antirracismo,... compromisos éticos que hacen avanzar humanamente a una sociedad. La propia LOGSE remarca la necesidad de educar en estos valores para conseguir un desarrollo integral de las personas. Pero estas intenciones chocan con la realidad por la falta de decisión política para darles un sentido práctico y no simplemente teórico. La Objeción de Conciencia en la legislación no está considerada como derecho relacionado con la libertad ideológica, sino como una causa de exención del servicio militar, de ahí la existencia de una Prestación Social Sustitutoria (PSS) impuesta obligatoriamente bajo pena de castigo penal y jurídico-social (inhabilitación para cargos, para acceder a becas de estudio,...) y que supone un castigo para el objetor. La PSS no fue concebida para dar respuesta a necesidades sociales, sino para justificar el mantenimiento del servicio militar obligatorio. Debido al aumento del número de objetores, se plantea el problema de dónde colocar a tanta gente a realizar la PSS. La pretendida función social que deben desarrollar los objetores en su PSS revela incongruencias. En muchos casos realizan funciones innecesarias, pero que si no existieran objetores tendrían que ser cubiertas por trabajadores y trabajadoras contratados para ese cometido. De esta manera se utiliza como mano de obra gratuita para cubrir unas necesidades sociales, e incidiendo negativamente en el mundo laboral (más paro). En el caso concreto de los centros educativos, según las instrucciones del MEC y de las Comunidades Autónomas, el objetor no puede realizar ninguna actividad que realicen las personas que aparecen en la relación de puestos de trabajo o plantilla del centro. Pero ¿qué ocupación se les va a asignar que no esté cubierta por el personal del centro? ¿Es que existe alguna? Y si existe, ¿no debería ser cubierta por la Administración con personal cualificado y remunerado? En la práctica, los objetores realizan varias actividades: — Colaborar con APAS en actividades complementarias. — Mantenimiento y cuidado de material, instalaciones, biblioteca, etc. — Actividades y servicios escolares: deportes, estudio... La Administración educativa usa a los objetores para cubrir sus carencias de personal y necesidades de los centros, a costa de perjudicar el empleo. Todo eso sería más comprensible en una sociedad con pleno empleo, donde todas las personas tengan cubiertas sus necesidades mínimas de trabajo, salud, vivienda, etc. y por deseo social quieran mejorar determinados servicios culturales o del tipo que sean, pero en una sociedad con más del 20% de paro eso no es comprensible. No podemos caer en la trampa de un falso voluntarismo: si la sociedad necesita cubrir determinadas necesidades, lo lógico es que esto sea hecho por personal cualificado, contratado al efecto, y más teniendo en cuenta los índices de paro que tenemos. La política oficial revela curiosas contradicciones. Por un lado se desarrolla un modelo de Formación Profesional con nuevas titulaciones, orientadas hacia actividades complementarias o auxiliares de los Centros Educativos, tales como animadores socio-culturales, físico-deportivos, infantiles... Por otro lado, se manda a estos profesionales al paro con la incorporación de objetores de conciencia a los Centros Educativos. Por todo ello la Federación de Enseñanza de CNT hace un llamamiento a la Comunidad Educativa: padres, madres, personal de administración, alumnado, profesores...., para que no sean cómplices, por omisión, de esta política antisocial por parte de los Ministerios de Justicia y Educación en el tema de la Objeción de Conciencia. Mediante pronunciamientos de los Consejos Escolares se puede manifestar, algunos ya lo han hecho, el rechazo a la realización de la PSS del SMO por parte de los objetores de conciencia en dichos centros educativos. ¿QUÉ ES LA OBJECIÓN FISCAL? La objeción fiscal (O.F.) a los gastos militares es un movimiento de desobediencia civil que se plasma en la disposición a no colaborar económicamente con el Estado y con las leyes que nos obligan a contribuir, a través de los impuestos, con el gasto militar. Esta postura la adoptamos con el convencimiento de que la existencia y el mantenimiento del militarismo y sus valores es uno de los principales obstáculos para construir una sociedad más justa y solidaria. La O.F. tiene sentido formando parte de un conjunto de respuestas que proponen y anticipan la desmilitarización de la sociedad. Entre otras, estas respuestas se dan desde la educación para la paz, en la insumisión, en la investigación de alternativas noviolentas de defensa, desde la propia O.F., etc. En la práctica, cuando hacemos O.F. la cantidad de nuestros impuestos que correspondería al M.º de Defensa, según los Presupuestos Generales del Estado, lo desviamos a otros destinos alternativos que consideramos socialmente útiles. OBJECIÓN FISCAL AL GASTO MILITAR ¿ESTÁS INTERESADO-A EN LA OBJECIÓN FISCAL A LOS GASTOS MILITARES? (Infórmate en el apartado n.º 24 de Villacañas - Toledo-) Si a muchas personas nos preguntaran qué hay que defender, se obtendrían diversas respuestas: la calidad de vida, el derecho a la salud, el acceso a la cultura, el respeto a los derechos humanos, el entorno natural, la no explotación de unos por y para los otros, la defensa de las minorías ante las mayorías... Muchas respuestas posibles y todas bajo un denominador común: ninguna, absolutamente ninguna, coincide con lo que los Estados defienden mediante los ejércitos.