CNT CERO EN CONDUCTA
Número 5 D.L. CR 1510/89 Edición digital Enero 2006
BOLETÍN SINDICATO DE ENSEÑANZA
CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL TRABAJO
EN PORTADA
LOE: ¿VUELVEN LAS DOS ESPAÑAS?
El trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica de Educación (LOE) no ha hecho más que empeorar un proyecto legislativo que ya nacía cargado de insuficiencias. En sólo tres meses el gobierno del PSOE se ha enajenado el apoyo de sus socios de la izquierda institucional a cambio de obtener el favor parlamentario o la crítica comprensiva de sectores conservadores y clericales.
A juicio de la Federación de Enseñanza de CNT, la reforma educativa aprobada en la última sesión plenaria del Congreso, y que será ratificada sin enmiendas significativas por el dócil e inoperante Senado, va a consagrar una quiebra social que, más pronto que tarde, nos pasará una dolorosa factura. Porque la LOE, lejos de resolver los graves problemas del actual sistema educativo español, resaltará sus limitaciones, agudizará sus deficiencias y, sobre todo, consagrará las vigentes desigualdades sociales.
Si con la LOGSE se pretendía cambiar la sociedad desde la escuela, ante la incapacidad de los socialistas de cambiar la sociedad y la escuela a la vez, con la LOE vuelven, y por decreto, las dos Españas. La educación deja de ser un servicio público, entendido como un derecho inalienable e indeclinable de cuyo ejercicio se responsabiliza toda la comunidad, para ser un factor de discriminación y una pieza básica de la exclusión social que está afectando a porcentajes crecientes de la población española: los inmigrantes, los habitantes del mundo rural, los residentes en las Comunidades Autónomas más atrasadas, las familias que malviven por debajo del umbral de la pobreza... Se alejan las dos Españas y se confrontan dos redes educativas paralelas: la pública, con carácter asistencial, y la privada, con pretensiones elitistas.
El mantenimiento de los conciertos educativos, tan criticados por la Iglesia Católica cuando fueron creados en 1985 por la LODE, permite esta división entre los centros de enseñanza y hace posible esta fractura social. La LOE facilita aún más los requisitos y limita aún más los controles para formalizar nuevos conciertos educativos, lo que permitirá abrir nuevos establecimientos privados para acoger a los alumnos que huyan de una red pública degradada. Se potencia una enseñanza privada doblemente financiada, por el Estado y por los padres, y libre para elegir a sus alumnos con criterios discriminatorios.
Así, por ejemplo, la exclusión de los alumnos con dificultades de aprendizaje se verá reforzada con el establecimiento de las pruebas de Evaluación de diagnóstico (Artículos 21 y 29), pues los centros concertados seleccionarán a su alumnado en busca de una mejor posición en el escalafón de instituciones educativas que, indudablemente, se establecerá cuando se hagan públicos estos resultados, sobre todo si la diferencia entre centros públicos y privados no es muy significativa, como se ha podido comprobar recientemente en la Comunidad de Madrid. La modificación del Artículo 86 que, antes de su paso por el Congreso, establecía la constitución de unas “comisiones u órganos de garantías de admisión que supervisarán el proceso de admisión de alumnos”, ahora deja a la arbitrariedad de las administraciones públicas el establecimiento de estos mecanismos de control, lo que supone un cheque en blanco para que los centros concertados escojan a sus alumnos en función de criterios contrarios a la “cohesión social e igualdad de oportunidades” que proclama la ley; al mismo tiempo, los centros públicos admitirán a todos los que lo soliciten pero se les escatiman los medios para formarlos adecuadamente.
Si además se permite, en contra de lo que afirmaba el proyecto de ley en su Artículo 88, que los centros escolares concertados recauden directa o indirectamente dinero de los padres de sus alumnos, una práctica hasta ahora tan ilegal como extendida, es evidente que el nivel económico de las familias