Murcia: el PSOE mata y el PP remata

Hay dos gobiernos regionales, Castilla-La Mancha (PSOE) y Murcia (PP), donde el despilfarro y el déficit han colapsado las cuentas. No hay problema, el gobierno del PP de Murcia ha decidido, en otro arrebato de originalidad, que paguen los trabajadores. Y para ello, ha dispuesto que maestros y profesores tengan una reducción de 175 euros al mes (que se suma a la quita del 5% de gobierno central), y otros funcionarios un aumento de horas de trabajo. Algo no cuadra: los profetas del sistema dicen y repiten que el consumo es la clave para salir de la crisis (del capitalismo), pero siguen quitando dinero a los trabajadores para reducir su poder adquisitivo. (¿?). Las medidas tomadas por el gobierno murciano de Valcárcel adelanta los planes de Rajoy cuando llegue a la Moncloa.

Suspensión coyuntural de acuerdos». Esta es la expresión que utilizaron ayer tanto la consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, como el portavoz del grupo parlamentario popular, Juan Carlos Ruiz, para referirse al recorte salarial que, por distintos conceptos, sufrirán los funcionarios de la Comunidad –sobre todo los de Educación y Sanidad– de manera inmediata en cuanto se apruebe mañana jueves por el procedimiento de urgencia la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, con la que se pretende conseguir un ahorro de más de 300 millones de euros.

La consejera explicaba ayer en la Asamblea tras la conclusión del pleno en el que se aprobaron los Presupuestos para 2011 que han sido «los incumplimientos del Gobierno de España con la Región y el sistema de financiación autonómica aprobado por Zapatero» los que han empujado al Gobierno regional a elaborar esta ley.

Los recortes giran alrededor de cuatro grandes ejes; la minoración del gasto corriente (que ya se empezó a aplicar hace tres años y que ha supuesto un ahorro de 178 millones, según García), la reestructuración organizativa de empresas y entes públicos (un 70% de las cuales se suprimirán en dos años), la modificación de la Ley de Patrimonio (que permitirá agilizar la venta de inmuebles públicos) y la modificación de la Ley de Contratos (para ejercer mayor control sobre determinadas adjudicaciones).

Los «platos fuertes» del plan de recorte afectan a los acuerdos para reducir a 35 horas semanales el horario laboral de los funcionarios, que se suspenderán «de manera coyuntural a causa de la crisis», precisó la consejera, y al régimen de retribuciones de los funcionarios, sobre todo los de educación y sanidad. Así, a los primeros se les recortará un complemento de 175 euros mensuales, se reducirán en un 25% las prestaciones recibidas por enfermedad común, se suspenden las aportaciones a planes de pensiones y, por supuesto, la homologación salarial del personal de la Administración al del servicio Murciano de Salud se congela. No obstante, este camino ya lo inició el Gobierno regional en 2009 al comenzar a suspender, a causa de la crisis, acuerdos de mejoras laborales alcanzados con los sindicatos con anterioridad.

También se verá afectada por los recortes la televisión autonómica, de la que cambiará el modelo de gestión para ahorrar hasta un 80% de su coste a las arcas públicas. Asimismo se limitan a 300.000 euros los eventos y actos de promoción de la Región (por ejemplo, el SOS 4.8). Con estas medidas se pretende reducir el déficit para que el Gobierno central autorice a la Comunidad un endeudamiento del 1,3% del PIB, unos 500 millones.

Por su parte, Juan Carlos Ruiz anunció que la ley, que entra en la Asamblea a través del grupo popular, consta de 45 artículos, aunque su debate se llevará a cabo por la vía de urgencia, es decir, por lectura única y sin enmiendas.

Las medidas que se recogen en la Ley se aplicarán en su mayoría a partir del 1 de enero de 2011, aunque otras necesitarán de un desarrollo posterior que la consejera no se atrevió a avanzar.

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